El data center es el nuevo commodity climático de la región.

Así se ve una negociación mal hecha: no como un mal contrato firmado, sino como una regla técnica ajustada a la medida del actor que quería entrar.

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El 21 de enero de 2026 se publicó en Chile el Decreto Supremo 17/2025. El decreto hizo dos cosas técnicas y aparentemente menores: subió el umbral de almacenamiento de combustible que obliga a entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de 80 a 1.000 toneladas, y agregó a la exigencia de líneas eléctricas de más de 23 kV el requisito adicional de superar los dos kilómetros de extensión.

Ese umbral de combustible —el de los generadores diésel de respaldo— era el único parámetro por el cual un data center entraba obligatoriamente al SEIA en Chile. Era la única puerta. Se movió por un factor de 12,5.

El 22 de agosto de 2026, un conjunto de organizaciones —Acción Cívica, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, MOSACAT y académicos de Anglia Ruskin y de la Universidad de Virginia— pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite explicaciones al Estado de Chile por ese decreto, incluyendo la lista completa de consultas de pertinencia de data centers desde su publicación.

Así se ve una negociación mal hecha: no como un mal contrato firmado, sino como una regla técnica ajustada a la medida del actor que quería entrar.

Chile ya perdió una vez y aprendió la lección equivocada

Chile tiene un antecedente concreto y caro. Google proyectó un data center en Cerrillos por 200 millones de dólares. El diseño original requería 169 litros por segundo de agua para refrigeración. Catorce vecinos empezaron acciones legales en abril de 2020. El Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación y ordenó incorporar los efectos del cambio climático en la evaluación. El 1 de julio de 2024, Google retiró la solicitud de permiso ambiental. Anunció que volvería a empezar con un diseño de refrigeración por aire. Fue la primera vez que la compañía pausó la construcción de un data center por conflicto comunitario.

La lectura razonable de ese episodio habría sido: el estándar ambiental funcionó, forzó un rediseño técnicamente superior, y el proyecto puede volver mejor. La lectura que quedó consagrada en el DS 17/2025 fue otra: el problema era el trámite.

Mientras tanto la escala crece. Chile tiene unos 242,7 MW de capacidad de data centers en operación, segundo en América Latina detrás de Brasil, con al menos quince proyectos en desarrollo que podrían sumar 367 MW y llevar el total cerca de 610 MW. Los data centers de Quilicura —el clúster principal del país, con instalaciones de Google, Microsoft, Sonda, Cirion y Ascenty— consumen en conjunto del orden de 1.500 millones de litros de agua al año. Amazon Web Services anunció una inversión de 4.000 millones de dólares para su región de data centers en la provincia de Santiago. Grenergy comprometió 2.000 millones de dólares entre 2026 y 2028 para su plataforma GR Data: dos campus con 600 MW de capacidad IT combinada y una demanda estimada de 3,5 TWh anuales.

Tres y medio teravatios-hora al año, de un solo desarrollador, en un sistema que genera 87 TWh.

El gobierno chileno decidió vender el desperdicio como producto

Y aquí aparece la parte más interesante, porque no es cinismo: es una idea buena mal negociada.

Chile vierte del orden de 6.000 GWh de energía renovable al año por restricciones de transmisión, casi todo en el norte. En julio de 2026 los ministerios de Energía y de Ciencia convocaron el primer encuentro "Chile Energy Data Hub", reuniendo generadoras eléctricas y empresas tecnológicas con una tesis explícita: llevar el cómputo hacia donde está la energía sobrante, en lugar de construir líneas para llevar la energía hacia donde está la demanda.

Técnicamente es correcto. El cómputo es una de las pocas cargas que puede localizarse arbitrariamente. Si el problema chileno es que el cable no existe, mover el consumidor al lado del generador resuelve el problema sin cable.

Pero eso convierte a los 6.000 GWh vertidos cada año en un activo negociable, y en cualquier negociación importa quién sabe cuánto vale el activo. El Estado chileno lo está ofreciendo como energía desperdiciada —es decir, con valor cercano a cero— cuando en realidad es la única razón por la que un hiperescalador consideraría Antofagasta antes que Virginia o Querétaro. Y compite por ese mismo excedente con la industria de almacenamiento: AES Andes desarrolla el BESS Bolero de 146 MW en Antofagasta, Plus Energía proyecta el BESS Camarones de 200 MW en Coquimbo por 350 millones de dólares. Dos industrias intensivas en capital disputando el mismo megavatio vertido, y un regulador que todavía no definió cómo se asigna el punto de conexión.

Brasil sí puso condiciones, y por eso conviene leer la letra chica

Brasil hizo lo contrario y el contraste es didáctico.

El 25 de febrero de 2026 la Cámara de Diputados aprobó el Redata, un régimen especial que suspende por cinco años —convirtiéndose luego en exención— el Impuesto de Importación, PIS/Cofins, PIS/Cofins-Importación e IPI sobre equipos electrónicos destinados al activo fijo de data centers. La renuncia fiscal estimada es de unos 5.200 millones de reales en 2026 y cerca de 1.000 millones anuales en 2027 y 2028.

A diferencia del caso chileno, Brasil cobró contrapartidas explícitas y medibles: destinar al menos 10% del procesamiento efectivo al mercado interno —reducible a 8% en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste—, honrar la totalidad de la demanda contractual de electricidad con fuentes limpias o renovables, cumplir una eficiencia hídrica de 0,05 litros por kWh o mejor, e invertir 2% del valor de los equipos en investigación, 1,6% en las regiones incentivadas. El incumplimiento abre un plazo de 180 días para corregir antes de la cancelación del régimen.

Eso es una negociación. Se puede discutir si el precio es correcto —cinco mil millones de reales por 10% de capacidad local es un múltiplo debatible— pero existe un precio.

La escala brasileña justifica el cuidado. El ONS registra 22 solicitudes de acceso a la Red Básica con contrato firmado, 18 de ellas ya con autorización de conexión, y proyecta que la carga asociada salte de 304 MW medios en 2026 a 3.457 MW medios en 2030: más de once veces en cuatro años. La EPE va más lejos y estima que los data centers podrían demandar 20 GW en diez años, alrededor de 1,5 veces el consumo máximo actual de toda la región Nordeste. En un solo cuatrimestre, la proyección de la EPE para 2030 subió 2 GW.

El símbolo del ciclo es Scala AI City, en Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul: más de siete millones de metros cuadrados, unos 3.000 millones de reales de inversión inicial, 54 MW de capacidad IT en la primera etapa y una meta declarada de 4,75 GW. Para dimensionar: la capacidad total instalada de data centers en Brasil ronda los 777 MW. Un solo proyecto apunta a seis veces el parque nacional completo. Eldorado do Sul es, además, uno de los municipios devastados por las inundaciones de 2024.

México dijo que no, y eso también es una posición negociadora

El 18 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue explícita: México no debe convertirse en centro de datos de otros países. El argumento fue económico antes que ambiental: mucho consumo de recursos naturales, poco empleo. El gobierno defendió los data centers ya instalados en Querétaro y planteó priorizar manufactura, que genera más empleo por unidad de energía y agua, dentro de un plan de expansión eléctrica de 28.000 MW con 54% de inversión pública y 46% privada.

Se puede estar en desacuerdo con la decisión. Es difícil discutir que sea una decisión. México puso un precio de reserva y lo dijo en voz alta, que es exactamente lo que un vendedor con un activo escaso —red eléctrica, agua, proximidad a Estados Unidos— debería hacer.

Uruguay eligió el camino intermedio y lo ejecutó con orden. Google construye en el Parque de las Ciencias de Canelones un data center de 850 millones de dólares, en 26 meses y cuatro fases, con refrigeración por chillers de aire en lugar de agua potable —corrección directa del conflicto que había frenado el proyecto original— y suministro de UTE mediante una subestación dedicada en el sitio. El gobierno autorizó con siete condiciones ambientales y operativas.

Los números de empleo de ese proyecto merecen quedar escritos: entre 300 y 400 trabajadores durante la obra, con picos cercanos a 800, y aproximadamente 50 empleos permanentes en operación. Ochocientos cincuenta millones de dólares y cincuenta puestos de trabajo. Es la métrica que ningún comunicado oficial de la región pone en el primer párrafo.

Colombia, por su parte, recibió el anuncio de ODATA por 1.300 millones de dólares y 144 MW de capacidad crítica en dos campus, en la Zona Franca de Occidente en Mosquera y la Zona Franca Metropolitana en Tenjo, con primeras fases operativas en el segundo semestre de 2026 y conexión directa al Sistema de Transmisión Nacional. El vehículo elegido —zona franca— dice todo sobre la estructura tributaria del acuerdo.

El contraargumento honesto: la demanda firme es justo lo que el sistema necesita

Quien defiende esta ola tiene argumentos fuertes.

Un data center es demanda base, predecible, contratable a diez o quince años y con disposición a pagar por energía renovable certificada. Para un sistema eléctrico como el chileno —que sobra al mediodía y falta a las nueve de la noche— un consumidor grande, constante y localizable es más valioso que otro parque solar. Un PPA de largo plazo con un hiperescalador financia la generación que las licitaciones reguladas ya no financian, y lo hace sin cargo al cliente residencial.

Segundo: comparado con la alternativa realista, la región gana. Ese cómputo va a existir igual. Si se construye en Virginia con carbón marginal o en Irlanda con gas, la huella global es peor que en Brasil, Chile o Uruguay, donde la matriz es mayoritariamente renovable. Rechazarlo no reduce emisiones; las relocaliza hacia arriba.

Tercero: la crítica del empleo prueba demasiado. Una central hidroeléctrica, un puerto o una red de fibra tampoco generan empleo permanente masivo, y nadie sostiene que no valga la pena construirlos. La infraestructura se justifica por lo que habilita, no por su nómina.

Los tres argumentos son buenos y ninguno resuelve el problema real, que no es si conviene tener data centers sino a qué precio se están entregando. Ningún país de la región está negociando desde la escasez, y todos tienen algo escaso. Brasil tiene red y matriz limpia. Chile tiene 6.000 GWh vertidos al año y un factor de planta solar irrepetible. México tiene latencia hacia Estados Unidos. Uruguay tiene seguridad jurídica. Son activos con poder de mercado y se están intercambiando por exenciones tributarias, umbrales ambientales corridos y capacidad de conexión asignada por orden de llegada. La asimetría no está en la tecnología. Está en que del otro lado de la mesa hay equipos que negocian esto profesionalmente en veinte jurisdicciones a la vez, y de este lado hay ministerios que lo hacen por primera vez.

Consecuencia operativa

Para un gobierno de la región, la variable a fijar antes de firmar no es la inversión anunciada. Es tres cosas: cuántos MW firmes de conexión se comprometen y con qué prelación frente a otros usuarios, cuál es el PUE y el WUE contractualmente exigible con penalidad, y qué porcentaje de la capacidad queda disponible para demanda local. Brasil escribió las tres. El resto, no.

Para un operador industrial que compite por el mismo punto de conexión —minería, almacenamiento, hidrógeno—, la advertencia es de calendario: la cola de conexión se está llenando ahora, y en Brasil ya hay 18 autorizaciones otorgadas sobre 22 solicitudes con contrato firmado. La capacidad de red disponible dejó de ser un supuesto de proyecto y pasó a ser un activo que se agota.

Y para un inversionista en energía, la señal es directa: en los próximos cinco años el comprador marginal de electricidad renovable en América Latina no va a ser la distribuidora ni la minera. Va a ser un centro de cómputo. El diseño del PPA importa más que el costo nivelado.